04.17.07
Doble atentado a la libertad de expresión
Por Carlos Marín
Milenio Diario. 16 de abril de 2007.
La semana pasada se sentó un precedente oprobioso para la libertad de expresión:
Felipe Calderón firmó el decreto que garantiza impunidad a los oficiantes que quieran calumniar a gusto sin correr el riesgo de pisar la cárcel.
A la par, los perredistas que hacen mayoría en la Asamblea Legislativa del DF pusieron en su mira el derecho de opinión de los ministros eclesiásticos y, como viles inquisidores, anatematizan a los curas.
Para comprender los aviesos alcances del decreto engendrado por el Senado y consumado en Los Pinos, conviene reparar en el cuerno de chivo que los poderes Legislativo y Ejecutivo han obsequiado a los periodistas:
Calumnia quiere decir: “Acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño. Imputación de un delito, hecha a sabiendas de su falsedad”.
Difamación: “Desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama. Poner algo en bajo concepto y estima”.
Injuria: “Agraviar, ultrajar con obras o palabras. Dañar o menoscabar”.
Estos deleznables actos quedan refundidos en el Código Civil Federal, donde los jueces le pondrán precio a la dignidad.
Calderón supone que se ha dado “un paso histórico en la lucha por consolidar y fortalecer la labor de los medios de comunicación” y cree halagar a todos los periodistas, ya que éstos “podrán ejercer su oficio sin temor de ser encarcelados por denuncias de quienes se consideren afectados en su labor informativa”.
¿De dónde habrá sacado que la insensata medida no significa que “el periodismo sea sinónimo de impunidad”? ¿Acaso no sabe que con el poder de su firma extendió una licencia para calumniar, injuriar y difamar?
Aparte de dinero para sus chescos, ¿qué garantía tienen los agraviados para que quienes les pudran la vida con informaciones y opiniones calumniosas reciban un castigo penal como cualquier hijo de vecino?
Lo de los asambleístas defeños y el clero católico es igualmente ominoso: emplazaron a la Secretaría de Gobernación a aplicar el Artículo 130 constitucional contra el cardenal Norberto Rivera, dizque para “defender” al Estado laico.
Esa norma prohíbe a los clérigos “oponerse a las leyes del país o a sus instituciones…”, pero la inminente (y positiva sin duda) despenalización del aborto aún no está legislada, y lo menos que debe aceptarse es que las Iglesias refrenden libremente sus doctrinas.
Pareciera que dentro del perredismo parlamentario sólo el senador Pablo Gómez, en explicable desacuerdo con la posición del Episcopado, reivindica el derecho de los ministros de culto a la libertad de expresión.
Los fanáticos debieran escuchar a un correligionario no fundamentalista ni jacobino trasnochado.
Triste, pésima racha para la libertad de expresión.
