Por José Elías Romero. Excélsior. 31-Oct-2008.

Siguiendo a Seymour Lipset, debemos considerar a la conjunción de la legitimidad, la efectividad y la legalidad como el síndrome infalible e insuperable del estado puro de craticidad o estado perfecto de poder.

Aristóteles y Platón no me acosaban tanto desde los tiempos universitarios. Más aún, sólo ocasionalmente los he evocado a lo largo de tres décadas, sobre todo cuando he visto enfrentarse al poder contra la justicia.

En todo ese tiempo, casi siempre he visto a Cratos vencer a Themis. En las sentencias que se dictan por consigna, en las acusaciones que se formulan por mandato, en los desafueros que se procesan por ordenanza. Todos los días, durante esos años, he visto al poder derrotando a la justicia.

Pero también he visto lo contrario, aunque no estoy seguro de si eso fue un resultado real o virtual. Porque he contemplado a ombudsmen, a activistas o a simples argüenderos acorralar, atacar y destrozar a procuradores, secretarios y gobernadores. Sin embargo, no siempre me ha quedado la certeza de si los vencieron porque les asistía la justicia o si los destruyeron porque los apadrinaba el poder.

No obstante esas dudas, lo que he observado en esos casi 15 mil días me ha instalado nuevas percepciones que creí superadas sobre el pensamiento aristotélico que nos surtieron los maestros escolares y que, más tarde, ellos mismos nos habrían de completar con los teoremas de Tomás de Aquino para rematar con las tesis de Hans Kelsen y de Gustavo Radbruch.

Así, lo que supuse que se trataba de filosofía pura, con todas sus delicias pero con todas sus inocencias, hoy me vuelve a atormentar al ver, todos los días, que mi país se encuentra como nunca lo imaginé. Sumergido en una crisis de poder, manifestada en el formato de la impotencia y la ingobernabilidad, así como embarrado en una crisis de justicia, expresada en la forma de inseguridad y de irresolución.

En el aula de la escuela, muchas veces Eduardo García Máynez, Luis Recaséns Siches, Manuel Ruiz Daza, Agustín Pérez Carrillo y Juan Sánchez Navarro, me hablaron del conflicto producido por el enfrentamiento entre justicia y poder o, dicho con más crudeza, entre la ley y la política. Despúes, en el aula de la lectura, Nicolás Maquiavelo, Julio Mazarino y Carlos de Montesquieu me explicaron lo aprendido.

Pero, más tarde, en el aula de la vida, muchas veces platiqué con Jesús Reyes Heroles, Sergio García Ramírez o Antonio Martínez Báez, sobre la correlación y ya no la contrarrelación que existe entre esos dos factores de nuestra vida colectiva.

Esta relación entre poder y justicia la sintetizo en lo siguiente. Hay quienes dicen que el gobernante ejerce un poder que proviene de las atribuciones que le confiere la ley. Es decir, que el poder político proviene de la potestad jurídica. Que Cratos, ineludiblemente, es hijo de Themis.

Por el contrario, hay quienes afirman que la fuerza efectiva de una ley proviene de la voluntad aplicativa que le imprime el gobernante. Es decir, que la vigencia jurídica proviene de la regencia política. Que Themis es, inevitablemente, hija de Cratos.

Pero yo agrego que nada impide la posibilidad de que la relación entre ambos personajes mitológicos no sea filial o paternal sino fraternal o conyugal. Que ninguno haya gestado ni generado al otro sino que sean pares y co-laboradores. Que el poder requiere la ley para ser aceptado y la ley requiere el poder para ser aplicada.

Si esto es cierto, hoy los mexicanos estamos como el gato que perseguía a su cola. Porque lo menos que puede exigírsele a un Estado, hoy en día, es que tenga un mínimo de gobernabilidad política como para lograr el cumplimiento de la ley.

Quizá no se pueda exigir ni culpar a un Estado por no remitir la pobreza que él no instaló, no ganar la guerra que él no provocó o no superar el atraso que él no indujo. Pero es innegable que, de perdida, está obligado a aplicar la ley que el Estado expidió por considerarla la idónea, la ideal o, por lo menos, la posible.

Es muy duro decirlo pero el gobernante que no puede ni siquiera poner en vigencia sus propias leyes ya está perdido. Quizá por eso, siguiendo un poco a Seymour Lipset, debemos considerar la conjunción de la legitimidad, la efectividad y la legalidad como el síndrome infalible e insuperable del estado puro de craticidad o estado perfecto de poder. Por el contrario, la ausencia de esos factores da por resultado el estado perfecto de impotencia política.

Para resolver su destino las sociedades tienen el deber de instalar sus instrumentos de medición. Como si se tratare de un avión, gran parte de la seguridad del vuelo depende del tablero de indicadores. Hay un indicador sonoro que advierte a los pilotos la palabra latina minimum. Con esto les indica que ha llegado el último momento para proseguir o para rectificar la ruta de aterrizaje. Después de este instante ya no habrá otra posibilidad de cambio ni de remedio.

Los gobernantes, también, están obligados a saber cuándo han llegado a esa última línea divisoria entre lo que, para ellos, será el éxito o el fracaso y, para sus pueblos, entre lo que será el éxtasis o el desastre.

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