“Ya no alcanza un gobierno, por más fuerte que sea, para orientar un país”

Las democracias latinoamericanas enfrentan otras pruebas de madurez: no se discute su legitimidad sino su capacidad para resolver problemas graves de manera creativa e inclusiva.

Fabián Bosoer. El Clarín. Revista Ñ. 02 de agosto de 2009.

Luis Aguilar Villanueva es doctor en filosofía y politólogo mexicano (Universidad Autónoma Metropolitana, UNAM) especializado en reformas de la administración pública. Es miembro del Comité de Expertos de la ONU en Administración Pública, autor de siete libros y cuatro antologías sobre políticas públicas. Estuvo en la Argentina, invitado por la Universidad Nacional de Córdoba, donde participó del V Coloquio Regional del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública “Entre el intervencionismo y el mercado; ¿qué tipo de Estado abonan las transformaciones del nuevo siglo?”. Sobre este tema conversó con Clarín, en su paso por Buenos Aires.

Son varios los gobiernos latinoamericanos que aparecen enfrentados a problemas y tensiones para los que no muestran tener las herramientas suficientes o las respuestas más atinadas ¿Existe un hilo conductor en estas encrucijadas y atolladeros que están viviendo las democracias en la región?

Si se observa lo que ha ocurrido en América latina y lo que hemos llamado “transición democrática”, parecería que los ciudadanos de muchos países están haciendo un alto en el camino y están tratando de revisar y ponderar qué es lo que ha funcionado de ese enorme esfuerzo de democratización de regímenes autoritarios y qué no ha estado funcionando. Como se está pudiendo percibir, está generalizada una especie de descontento, de desencanto, de desilusión democrática en sectores importantes de estos países,

¿Cuál es la razón principal del descontento?

La evidencia muestra que el descontento no se centra en la legitimidad política de los gobernantes, puesto que han sido elegidos legalmente, y no impuestos. Normalmente están actuando en el marco de las leyes, evitando arbitrariedades. Parecería que el asunto no está en la legitimidad política, que está razonablemente bien resuelta, y en cambio sí lo está en la capacidad directiva. Este es el punto fuerte hoy, que está en el centro de la preocupación ciudadana: la cuestión es la capacidad de eficacia directiva de los gobiernos. No se da por descontado que los actos de gobierno, por ser gobierno, sean gubernativos, directivos. Se ha roto la ecuación espontánea con la que crecimos, pensando que todo acto del gobierno, por ser del gobierno, nos gobernaba, nos conducía a algún lugar. No todo acto “del” gobierno es un acto “de” gobierno.

¿Qué diferencia habría?

Que muchos actos, decisiones y acciones de los gobernantes, que pueden tener propósitos de buena fe, acertados, no necesariamente conducen a una comunidad a algún lugar de valía. No son directivos, no son conductores. Los componentes del gobernar una sociedad son mayores que la legitimidad electoral, o que el control de otros poderes públicos, o que el escrutinio ciudadano. Hay ingredientes financieros (una hacienda pública robusta, clara, equilibrada, una asignación perspicaz de recursos), administrativos (una administración pública organizada, competente, eficiente); hay componentes políticos internos (la relación que un gobierno establece con los sectores sociales, particularmente con los sectores que son clave para el crecimiento económico y el desarrollo social); internacionales y, entre los componentes políticos cruciales, la relación con empresas privadas, con las grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Nuestros gobiernos están por debajo de los problemas, no cuentan con los recursos para resolverlos, no tienen en sus manos los factores cruciales para el éxito de la sociedad, y en el caso que tuvieran todas las capacidades y éstas fueran aprovechadas a plenitud, nuestros gobiernos son insuficientes para la magnitud de nuestros problemas y, sobre todo, para la magnitud de nuestras aspiraciones.

Todo esto ha cambiado mucho en los últimos años. Si tuviera que hacer una agenda para señalarle a la dirigencia política qué es lo que observa con un prisma viejo y cómo observar estos fenómenos en transición tal cual son y deberían ser abordados ahora, ¿cómo la haría?

Yo creo que el punto central es la necesidad de un nuevo proceso directivo. Léase una nueva relación entre gobierno y sociedad en la definición del rumbo de un país, en la definición del sentido colectivo y de las acciones que pueden considerarse causalmente idóneas para conseguir esos objetivos y metas, y en la ejecución. Creo que lo que no se percibe es la necesidad de un nuevo proceso directivo, de un nuevo arte de gobernar. Aun los gobiernos democráticos se siguen pensando gubernamentalistas; siguen pensando que ellos son, además de necesarios, suficientes. Que ellos tienen el poder suficiente, los recursos suficientes, la inteligencia suficiente para definir y ejecutar el sentido colectivo de un país, por ellos mismos, por sí solos. Y lo que todo está mostrando, y podríamos señalar una serie de factores, es que los gobiernos son necesarios pero no suficientes. Esto está hoy en el corazón del debate de la ciencia política. Es el tema: que los gobiernos son necesarios pero son insuficientes para dirigir a un país a un lugar que valga realmente la pena: que cierre la brecha de la desigualdad, que amplíe oportunidades, que haga una prosperidad sostenible. Los gobiernos ya no bastan.

Más gobierno o menos gobierno, es el clásico debate entre las teorías liberales y las socialistas. ¿Qué habría de nuevo en ello?

Bueno, este es el punto: que la cuestión ya no puede ser presentada de ese modo. Se puede decir que el Estado está hoy -y debe estar- en todos lados: en formas de regulación, de convocatoria, de arbitraje, de incentivo a la negociación, de persuasión, de movilización. Pero su presencia es cambiante. En algunos puntos su presencia es decisiva y determinante, como el orden público, la seguridad pública, la certidumbre jurídica. Y en otras cosas es menos determinante, aunque quiera serlo, como el crecimiento económico. El gobierno, aunque esto moleste en América latina por cómo hemos crecido, no tiene ni los recursos financieros, ni los recursos cognitivos, ni los tecnológicos, ni los organizativos y gerenciales para determinar por sí mismo la agenda del crecimiento económico y hacerlo posible.

Esto vale en la actualidad para las propias funciones tradicionales del Estado. ¿Hasta dónde puede hoy un gobierno de cualquier país latinoamericano garantizar la seguridad pública?

Requerimos más y mejor gobierno, lo que es indispensable. Pero debemos reconocer que éste no posee ya todas las palancas, los instrumentos, los recursos, para, por sí mismo, hacerlo. El asunto no es tanto la discusión de las funciones del Estado, aunque esto es clave porque deslinda cuáles son las responsabilidades, sino el modo de gobernar, el arte de gobernar. Hay que encargarse del orden público. ¿Cómo hacerlo? ¿Es de nuevo por mando y control, por ordenanzas, por instrucciones, por verticalismo, o son otras formas de gobernar, de conversación, de discusión, de debate, de animación del esfuerzo? Por eso se empieza a hablar de gobernanza. La gobernanza viene a decir que es necesario un nuevo modo de gobernar donde esté presente el gobierno, pero en donde el gobierno sepa que no necesariamente por ser la autoridad pública es el líder animador de todas las actividades y políticas.

Muchos hablan de dos modelos o modalidades de gobierno en la región: la democrático-liberal y la vinculada a la tradición populista y movilizacionista. ¿Cuánto se relaciona esta dicotomía con lo que usted llama “gobernanza”?

Sin duda, no se puede explicar el Estado latinoamericano sin poner en el centro la cuestión social. No tendría mucho destino una democracia socialmente indiferente o inoperante, un gobierno socialmente distante de la cuestión de la pobreza, de la desigualdad, de la vulnerabilidad social de ciertos grupos, de la carencia de oportunidades. Y así como desde la visión liberal clásica calificamos o descalificamos a la democracia por su capacidad de generar orden público, seguridad pública, libertades, patrimonios, en América latina se califica a la democracia por su capacidad de responder contundentemente al tema social. Lo que explica también este desliz hacia el populismo es que ante la brecha que hay entre el gobierno democrático y la situación social, se tiende a creer que un líder popular que se reelige y reproduce su legitimidad originaria puede ser más útil para ir cerrando esa brecha. La opción populista puede ser más pragmática que ideológica porque quiere resolver el problema social, que es el asunto pendiente de la democracia latinoamericana. Pero, por otro lado, no parece ser la mejor opción porque ante esas situaciones de desequilibrio fiscal, de exclusión de grupos, de aislamiento internacional, tienden a inclinarse hacia la excepción, el autoritarismo, los manejos plebiscitarios de las poblaciones vulnerables. Y reproduce la dependencia en lugar de crear autonomía social. Este es un punto muy cuestionado de los líderes populistas: en lugar de crear capacidad social, de crear ciudadanía para crear ciudadanos competentes, capaces de resolver sus problemas en mejores formas organizativas, se los hace más dependientes del gasto público. Y esta dependencia no fortalece ni la ciudadanía ni la democracia.

Copyright Clarín, 2009.